El Calvario de Diego Pardo Cuéllar

Cuando una Falsa Denuncia Destruye una Vida: El Calvario de Diego Pardo Cuéllar

Como experto en derecho penal, he visto muchas formas de injusticia. Pero pocas tan dolorosas y destructivas como las falsas denuncias de abuso sexual, especialmente cuando se instrumentalizan para arrebatarle a un padre el derecho a estar con su hija. El caso de Diego Pardo Cuéllar es un desgarrador ejemplo de cómo el sistema judicial, que debería proteger, puede convertirse en un arma de destrucción personal cuando se manipula con fines mezquinos.

El Caso: Una Década de Infierno Judicial

Diego Pardo Cuéllar, empresario colombiano e hijo del exalcalde de Bogotá Diego Pardo Koppel, fue denunciado en 2015 por su entonces esposa, Margarita Herrera, por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija, quien en ese momento tenía apenas 3 años y medio. youtube​wradio+1​

Lo que siguió fue una pesadilla que se extendió por casi una década. Durante todo ese tiempo, Diego fue investigado, procesado, juzgado y señalado públicamente como un abusador. Perdió el contacto con su hija en 2015 y, a pesar de múltiples absoluciones, hoy en 2025 —cuando la niña ya tiene 13 años— sigue sin poder verla. Ella vive en Estados Unidos con su madre, y él ni siquiera sabe dónde está. wradio​youtube​

La justicia lo absolvió cuatro veces :wradio​

• Primera instancia: Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá (2020) infobae​

• Segunda instancia: Tribunal Superior de Bogotá (2022) youtube​

• Casación: Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda (2024) youtube​

• Recurso de insistencia: La Corte Suprema negó por segunda vez la apelación (octubre 2024) youtube​

Pero la absolución llegó tarde. Muy tarde. Porque mientras la justicia decidía su inocencia, Diego ya había perdido lo más importante: nueve años de la vida de su hija. wradio​

Lo Deleznable de la Falsa Denuncia

Desde el inicio, las pruebas apuntaban a que la denuncia era falsa y estratégica. El Instituto Nacional de Medicina Legal, tras valorar a la menor, concluyó que "el relato de la niña no coincidía con la realidad, que era fantasioso" y que existían "elementos que permitían inferir que había algún tipo de presión por parte de la madre".

La propia fiscalía general de la Nación, después de practicar las pruebas en juicio, terminó solicitando la absolución de Diego Pardo, reconociendo que la acusación no pudo ser demostrada. Además, el Colegio Colombiano de Psicólogos evaluó los dictámenes presentados por la defensa de la madre y respaldó las conclusiones de Medicina Legal.​

¿Qué significa esto? Que Margarita Herrera, con la asesoría de sus abogados, inventó una acusación gravísima —la más atroz que se le puede hacer a un padre— con el único propósito de destruir el vínculo entre Diego y su hija, y posiblemente para obtener ventajas en la disputa por la custodia. ​

Este tipo de conductas son execrables por múltiples razones:

1. Instrumentalizan a los niños como armas: La menor fue sometida a múltiples valoraciones psicológicas, interrogatorios y probablemente a una manipulación emocional sistemática para que dijera lo que su madre necesitaba que dijera. Esto es una forma de maltrato infantil en sí mismo.

2. Trivializan el abuso sexual real: Cada falsa denuncia le resta credibilidad a las víctimas reales de abuso, generando desconfianza en el sistema y dificultando que las verdaderas víctimas obtengan justicia.​

3. Destruyen vidas de manera irreversible: Aunque Diego fue declarado inocente, el daño ya estaba hecho. Como él mismo lo expresó con dolor: "Ya perdí seis años de estar con mi hija, el daño ya está hecho".​

Daño Familiar Irreparable

Diego perdió nueve años completos de la vida de su hija. No estuvo presente en cumpleaños, primeras comuniones, graduaciones escolares. La niña creció sin su padre, probablemente con la cabeza "llena de cucarachas" —como lo expresó su abogado— sobre quién es realmente su papá. Este es un daño que no se puede reparar con ninguna sentencia.

Además, la madre también cortó el contacto de la niña con toda la familia paterna: abuelos, tíos, primos. Una familia entera fue borrada de la vida de esa menor por el capricho vengativo de una persona.​

Daño Reputacional y Social

Ser acusado de abuso sexual infantil es una marca de por vida. Aunque Diego fue absuelto, en el imaginario colectivo muchas personas siguen creyendo que "algo debió haber hecho" o que "fue absuelto por falta de pruebas, no porque sea inocente" —exactamente lo que dijo el abogado de Margarita Herrera a los medios. Este estigma social es casi imposible de borrar.

Daño Psicológico

Diego describió su experiencia como "pasearse por los sótanos del infierno". Estudios muestran que las personas falsamente acusadas de delitos sexuales experimentan trastorno de estrés postraumático (TEPT), ansiedad severa, depresión y pensamientos suicidas. El terror de perder la libertad, la reputación y a los hijos es una tortura psicológica que deja secuelas permanentes.​

Daño Económico y Laboral

Aunque en este caso no se detallan las pérdidas económicas específicas, las falsas acusaciones suelen implicar pérdida del empleo, costos astronómicos en abogados y peritos, destrucción de carreras profesionales. Muchos acusados quedan en la ruina económica.​

Pérdida de Derechos Fundamentales

Durante el proceso, Diego perdió la patria potestad sobre su hija, lo que permitió que la madre se la llevara fuera del país sin su consentimiento. Un juez de familia, basándose en la acusación penal (aún no probada), tomó esta decisión que resultó ser devastadora.​

El "Cartel de las Comisarías" y la Alienación Parental

El caso de Diego Pardo no es aislado. En Colombia existe un patrón preocupante que se ha denominado el "cartel de las comisarías de familia". Se refiere a una red de abogados, psicólogos y otros profesionales que instrumentalizan las denuncias falsas de violencia de género o abuso sexual en el contexto de disputas de custodia.​

El mecanismo es perverso pero efectivo:

1. En una disputa de custodia, uno de los progenitores (generalmente la madre) denuncia al otro por abuso sexual o violencia.

2. Las autoridades, bajo el principio de protección del menor, actúan de inmediato: suspenden las visitas, retiran la patria potestad, incluso procesan penalmente.​

3. Mientras tanto, el progenitor acusador tiene tiempo ilimitado para alienar al menor, es decir, para manipularlo psicológicamente y convencerlo de que el otro progenitor es un monstruo.​

4. Cuando finalmente se demuestra que la denuncia era falsa, ya es demasiado tarde: el vínculo entre el menor y el progenitor acusado está completamente destruido.​

Aunque la alienación parental como "síndrome" ha sido prohibida en Colombia por la Corte Constitucional por no tener validez científica, lo cierto es que la manipulación psicológica de menores por parte de un progenitor contra el otro sí existe y es real. Y las falsas denuncias son la herramienta perfecta para lograrlo.

La Impunidad de las Falsas Denuncias en Colombia

Aquí está el punto más doloroso: en Colombia, denunciar falsamente casi no tiene consecuencias.​

El Código Penal tipifica la falsa denuncia en sus artículos 435 y 436, con penas de 5 a 12 años de prisión cuando se acusa falsamente a una persona determinada. Pero en la práctica, este delito rara vez se investiga o sanciona.

Como lo explicó un abogado experto: "Muchas veces cuando la sentencia define que hubo una falsa denuncia y que nada de lo ocurrido en verdad aconteció, pues eso queda así y no se investiga ni se persigue, entonces hay una cierta impunidad alrededor de quienes utilizan la denuncia como un mecanismo de retaliación o venganza".

Diego Pardo, a pesar de todo el daño que le causaron, ha dicho que no va a denunciar a Margarita Herrera por falsa denuncia, "por no dañarle la vida a mis hijas porque, pues, bueno o malo, pues ella es su mamá".

Esta actitud, aunque noble, perpetúa el problema. Mientras no haya consecuencias reales para quienes denuncian falsamente, el sistema seguirá siendo cómplice de estas injusticias.​

Reflexión Final: La Urgencia de Proteger a los Inocentes

El caso de Diego Pardo Cuéllar nos obliga a hacernos preguntas incómodas:

• ¿Cómo es posible que un hombre sea absuelto cuatro veces y aún así no pueda ver a su hija?

• ¿Qué clase de sistema permite que una denuncia falsa destruya una familia sin consecuencias para quien la hizo?

• ¿Cuántos padres inocentes están siendo separados de sus hijos en este momento por acusaciones fabricadas?

La lucha contra la violencia de género y el abuso sexual es fundamental y debe continuar. Pero no podemos permitir que esta lucha legítima sea instrumentalizada por personas inescrupulosas para destruir vidas inocentes.​

El deseo de Diego es simple y desgarrador: "Mi sueño es recuperar a mi hija". Después de diez años de absoluciones, ¿no merece acaso ese derecho? ¿No merece esa niña conocer a su verdadero padre, libre de las mentiras con las que la criaron?​

La justicia le dio la razón a Diego. Ahora falta que le devuelvan lo que le quitaron: el tiempo perdido con su hija. Y aunque ese tiempo jamás volverá, al menos merecen la oportunidad de reconstruir su vínculo.

Porque una falsa denuncia no solo destruye al acusado. Destruye también al menor que es usado como arma. Y eso, en cualquier sistema que se precie de justo, debería ser imperdonable.